Un nuevo informe de Hacienda al que ha tenido acceso EL PAÍS este jueves revela que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, facturó al grupo Quirónsalud 4,4 millones de euros en tres años, de 2021 a 2023, los primeros de su noviazgo. El documento del 22 de mayo es una comunicación al juzgado que investiga al novio de la presidenta madrileña para informarle de que ha iniciado actuaciones contra el grupo Quirónsalud y la filial Quironprevención. Esta última ha contratado a las consultoras de calidad de Amador por una media de casi 1,5 millones de euros durante ese período. Hasta ahora solo se conocía con detalle cuánto había facturado Amador de Quirón hasta 2021, último año comprendido en la investigación de Hacienda que desembocó en la judicialización del caso por un presunto fraude fiscal.
Amador creó la consultora de calidad Maxwell Cremona en 2016 y comenzó a hacer auditorías para Quironprevención a partir del año siguiente, pero sus facturaciones totales en sus primeros años, antes de la pandemia, eran inferiores a 357.000 euros. Eso fue lo que ingresó en 2019 a todos sus clientes, su mejor año. En 2020, su cifra de negocios llega hasta los 2,3 millones gracias a una comisión de 2 millones por intermediar en un contrato de mascarillas. Al margen de aquel año extraordinario por esa comisión, sus ingresos ordinarios se disparan a partir de 2021, cuando comienza la relación con la presidenta madrileña, que se conoció en mayo de ese año por un reportaje de la revista Lecturas.
El documento de Hacienda detalla una tabla en la que se reflejan los pagos de Quironprevención a las dos consultoras de Amador, Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker, año a año. En 2021, Amador ingresó 1.078.412 euros; en 2022, 1.956.449 euros; y en 2023, 1.401.634 euros. La suma total asciende a 4.436.495 euros. Es decir, una media de 1.478.831 euros al año.
Quirón es el principal grupo hospitalario español y tiene intereses en la Comunidad de Madrid, de la que recibe anualmente en torno a mil millones de euros por su cooperación hospitalaria. La Agencia Tributaria ha informado al juez de que en 2025 abrió una inspección tanto a Quironprevención como a su matriz, Quirónsalud, correspondientes a los ejercicios de 2020 a 2023 del impuesto de sociedades y de 2021 a 2023 del IVA. Hacienda también investiga al presidente de Quironprevención y jefe de Amador, Fernando Camino, según otra comunicación que ha sido conocida este jueves. El propósito de estas comunicaciones es solicitar al juez la suspensión de estas inspecciones debido a la prejudicialidad penal, que da prioridad a la investigación judicial por encima de la administrativa.
La investigación judicial afecta a una de estas dos consultoras, Masterman, que Amador compró en diciembre de 2020 a la esposa de Camino, la farmacéutica Gloria Carrasco, por 500.000 euros. Se sospecha que se trataba de un presunto soborno a Camino por haberle dejado participar meses antes en una compraventa de mascarillas por la que la pareja de Ayuso se embolsó dos millones de euros. Esta sociedad se llamaba Círculo de Belleza y no contaba con trabajadores ni máquinas de valor y su facturación osciló entre los 31.000 y 59.000 euros en los años previos. Amador cambió su nombre por el de Masterman y la empleó para facturar sus servicios de auditoría de calidad a Quironprevención.
Hacienda consideró que Amador usó indebidamente esta sociedad, que no tenía empleados, para hacer esas auditorías, con el fin de pagar menos en el impuesto. Por ello aprecia “indicios de simulación”. Según su comunicación al juez el resultado del proceso penal podría afectar a las cuotas tributarias de Quirónsalud y Quironprevención. Se desconoce si el juez, Antonio Viejo, titular del juzgado de instrucción 19 de Madrid, ha aceptado la paralización solicitada por Hacienda.
Esta solicitud de la Agencia Tributaria se ha conocido el mismo día en que ha trascendido un informe preliminar del pasado diciembre de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, en el que hace su primera valoración sobre los hechos. Los agentes destacan a lo largo de 32 páginas que la empresa Masterman “carece” de medios materiales para hacer el trabajo por el que le pagó Quironprevención. Ese informe solicitaba autorización al juez para acceder a las cuentas bancarias de los implicados. Ese permiso fue concedido la semana pasada, después de seis meses de espera.
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