El espanto ha vuelto a sacudir Navarra. En la localidad de Sarriguren, un hombre ha sido detenido tras, presuntamente, asesinar a su pareja, una joven de apenas 28 años, y herir de extrema gravedad a su propia madre. Sin embargo, más allá del impacto inicial de la escena del crimen, hay un dato que resuena con una crudeza ensordecedora desde la mesa de análisis de GokaNews: la víctima no existía para el sistema VioGén.

Este detalle no es una simple nota a pie de página en el atestado policial. Es, de hecho, el núcleo estructural del problema. Que una madre de cuatro hijos sea asesinada sin que las instituciones tuvieran la más mínima alerta sobre su situación evidencia la enorme brecha que aún devora los esfuerzos contra la violencia machista en España.

El sistema VioGén es una herramienta policial formidable, pero arrastra un punto ciego letal: es casi exclusivamente reactivo. Solo se enciende cuando la víctima, o alguien de su entorno, da el paso inmensamente difícil de denunciar. Y la estadística anual es implacable. La inmensa mayoría de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas nunca habían acudido a una comisaría.

El caso de Sarriguren nos obliga a mirar hacia ese abismo silencioso. ¿Qué falla en nuestra red comunitaria para que el terror conviva puerta con puerta sin que nadie pulse el botón de pánico? La violencia de género rara vez es un estallido repentino; es un cerco progresivo que aísla a la víctima, mina su psique y bloquea sus salidas.

El miedo, la vulnerabilidad extrema o la falta de recursos actúan como mordazas. En el caso de una mujer de 28 años con cuatro menores a su cargo, la paralización ante la incertidumbre económica o el terror a represalias contra sus propios hijos suele ser el principal grillete que imposibilita la denuncia.

Además, este crimen ilustra con brutalidad la onda expansiva del machismo. El agresor no solo ha sesgado la vida de su mujer. Ha dejado a cuatro niños en la más absoluta desprotección institucional y emocional. Y el ataque despiadado contra su propia madre subraya la naturaleza omnipotente y destructiva del agresor cuando siente que pierde el control absoluto de su entorno.

Para los legisladores, Sarriguren debe marcar un cambio de paradigma. Ya no basta con perfeccionar los protocolos para quienes denuncian. El verdadero desafío operativo de la próxima década es detectar el riesgo antes de que la víctima tenga que sentarse frente a un agente.

Esto implica involucrar proactivamente a la atención primaria sanitaria, a los centros educativos de los menores y a los servicios sociales de barrio. Requiere crear una red capilar capaz de leer los silencios, las ausencias y las señales de coacción antes de que se conviertan en titulares de sangre.

Mientras el Estado siga esperando a que las víctimas más vulnerables encuentren el valor y los medios para denunciar, el sistema seguirá llegando tarde. Y en este escenario, llegar tarde no es un fallo administrativo; es contar cadáveres.